18-O: Estallido social planificado, un Chile infiltrado

Por Rodolfo Ponce Vargas – Analista internacional y geopolítico

A cinco años del 18 de octubre de 2019, y a días de un nuevo aniversario, Chile sigue sin responder una pregunta esencial: ¿fue el 18-O una expresión legítima de malestar social o un ensayo de desestabilización internacional cuidadosamente inducido? La respuesta no es binaria, pero sí urgente. Porque mientras el país aún debate el relato, sus capacidades estratégicas se debilitan silenciosamente, y el riesgo de repetición —más sofisticado, más profundo— permanece latente.

Lo que comenzó como una evasión masiva del Metro derivó, en menos de 48 horas, en incendios simultáneos de estaciones, saqueos coordinados, ataques a infraestructura crítica y una narrativa que deslegitimó por completo el orden institucional. La simultaneidad, la logística y la intensidad no responden a la lógica de una protesta espontánea. Responden a una estrategia de guerra híbrida, donde lo civil y lo militar, lo nacional y lo extranjero, se entrelazan en una zona gris.

Uno de los testimonios más reveladores proviene de Enrique García, exoficial de la Dirección de Inteligencia de Cuba (G2), quien en entrevista con El Líbero afirmó que Chile fue blanco de operaciones de desestabilización coordinadas por agentes cubanos y venezolanos, replicando el modelo aplicado en Nicaragua y Bolivia (El Líbero, 2023). Según García, un oficial cubano homónimo habría estado a cargo de las operaciones en terreno, con apoyo logístico y político interno.

El informe de la Dirección Nacional de Inteligencia del Ejército (DINE), entregado al presidente Sebastián Piñera en octubre de 2019, advertía la presencia de más de 600 agentes venezolanos del SEBIN y operadores del G2 cubano (Revista De Frente, 2020). Aunque algunos medios desestimaron esta tesis, otros como CIPER reconocen que Carabineros rastreó a más de 23.000 extranjeros durante el estallido, en busca de vínculos con acciones de sabotaje y agitación (CIPER Chile, 2022).

En este contexto, resulta alarmante que el presupuesto 2025 haya recortado más de US$38 millones a las Fuerzas Armadas (Infodefensa, 2025). El Ejército enfrenta un déficit operativo de $40 mil millones, mientras la Armada y la Fuerza Aérea también ven disminuidos sus recursos. Esta reducción ocurre justo cuando las FF.AA. deben enfrentar desafíos simultáneos: crisis migratoria en el norte, conflicto armado en el sur y amenazas híbridas en el centro político del país.

A esta vulnerabilidad institucional se suma una nueva señal de alerta: las declaraciones del candidato presidencial Eduardo Artés, quien afirmó que, si José Antonio Kast gana las elecciones, “la calle no lo va a dejar gobernar” y que “va a durar nada” (T13, 22/09/2025; La Hora, 2025). Artés, vinculado al Partido Comunista Acción Proletaria, PCAP, sostuvo que “sacamos a Pinochet y lo vamos a sacar a él también”, dejando entrever una disposición explícita a la movilización callejera como mecanismo de presión política.

Estas afirmaciones han sido calificadas por parlamentarios como “golpistas” y “peligrosas” (Emol,2025), mientras el Gobierno llamó a “respetar la institucionalidad democrática”. Sin embargo, el impacto estratégico de estas palabras va más allá del debate político: reinstalan el riesgo de un nuevo estallido social inducido, esta vez con mayor preparación y respaldo ideológico.

Reducir el financiamiento militar en medio de una amenaza transnacional es una señal de vulnerabilidad institucional. La inteligencia estratégica no se improvisa: se financia. La soberanía no se defiende con discursos: se protege con capacidad operativa. La seguridad nacional no puede depender del voluntarismo político ni de la corrección ideológica. Requiere planificación, recursos y voluntad.

Chile representa un enclave estratégico en Sudamérica: estabilidad institucional, modelo económico abierto, liderazgo marítimo y vínculos con Occidente. Para regímenes autoritarios, desestabilizar Chile es debilitar el eje democrático regional. El 18-O fue, en ese sentido, una operación de desgaste, una prueba de vulnerabilidad institucional y una advertencia para el resto del continente.

La pregunta no es si hubo intervención extranjera. La pregunta es por qué, cinco años después, seguimos sin una doctrina de seguridad nacional que articule inteligencia, defensa y soberanía democrática. Porque la democracia no se defiende solo con votos: se defiende con inteligencia, coraje y memoria estratégica.

Y si el Estado decide recortar el presupuesto de sus Fuerzas Armadas mientras se denuncian operaciones extranjeras en su territorio, entonces la pregunta no es si estamos preparados. La pregunta es: ¿quieren algunos realmente que Chile se defienda?

Finalmente, cabe mencionar que el 25 de octubre representa para el comunismo chileno una fecha de validación estratégica y simbólica: el día en que el pueblo, mediante el plebiscito de 2020, abrió la puerta para reemplazar la Constitución de 1980. Y para Rusia, la Revolución de Octubre fue el momento decisivo en 1917 que dio origen al primer Estado socialista del mundo, liderado por el Partido Bolchevique bajo Vladimir Lenin. Ese hito histórico ocurrió un 25 de octubre según el calendario juliano, lo que refuerza el simbolismo internacional de octubre como mes de ruptura, refundación y agitación revolucionaria. No es para alarmarse, pero si para estar atentos.