La Alianza Marítima de Chile advierte; modificaciones a la Apertura del Cabotaje manifiestan política antisindical, apertura al narcotráfico y crimen organizado.

Claramente la intención del gobierno de volver a intentar de alguna manera favorecer la participación de naves extranjeras en el cabotaje nacional no posee lógica alguna, desde el gobierno se busca presentar el proyecto como una mejora a la participación, al incremento de los puestos de trabajo, a luchar con los monopolios y concentraciones de poder, reducir drásticamente el valor de los fletes y con ello el valor de los productos para todos los chilenos, incluso se intenta hacer creer que desarrollará mayor transferencia de carga y mejorará la gestión portuaria, sin mediar que la cantidad de flota no incide en la cantidad de carga. El aumento de carga lo genera la necesidad de los consumidores.

Los argumentos expuestos por las autoridades son permanentemente cuestionados, solo entregan cifras y cronogramas idealistas, esperanzas y nada garantizado o acordado con ninguna empresa extranjera, en ningún momento se expone y entrega a los afectados e involucrados el estudio desarrollado para fundamentar la iniciativa, nada se hace público y a diferencia de lo expuesto, navieros y trabajadores si dan a conocer su rechazo con fuentes y casos de base donde el resultado siempre ha sido negativo.

En un primer análisis, ante la incertidumbre de conocer el real beneficio de esta iniciativa rechazada, la mirada simple de la reputación de naves en este proyecto nos manifiesta que las concentraciones de poder no serán vulneradas y por el contrario lo que si deja entrever es una gran puerta abierta a la eliminación de todo sindicato o federación de trabajadores de la marina mercante nacional.

Al no tener trabajadores nacionales por ser estos reemplazados por extranjeros, los sindicatos desaparecen, se acaban las negociaciones colectivas, los beneficios y demandas, los logros de tantos años de miles de trabajadores representados por sus dirigentes,  para quedar estos, desamparados y a merced de contratos de trabajo donde no interfiere, condiciona o rige nuestro propio código del trabajo.

En ese sentido pensábamos que las actitudes antisindicales estaban en franco advenimiento, pero con esta iniciativa es nuestro propio Estado el que intenta favorecer e impulsa medidas destructivas hacia los trabajadores y sus organizaciones, bajo el mismo contexto laboral ya no tendría sentido la resolución 686 y el mecanismo de control de asistencia que no se puede aplicar o exigir en naves extranjeras.

Por otra parte, en un segundo análisis si nos enfocamos en materias de seguridad, recordamos el cuestionamiento al puerto de San Antonio por narcotráfico y pensamos en cómo se vería vulnerada nuestra autoridad marítima tratando de fiscalizar y monitorear a naves extranjeras en el territorio nacional navegando sin mayores exigencias, se genera una situación muy compleja de manejar y enfrentar.

El mar es el espacio más complejo para mantener control de cualquier situación, es auspicioso y positivo al momento de querer desarrollar operaciones ilícitas. Son cientos las dársenas, bahías, fondeaderos, canales y atracaderos con los que contamos de manera oficial, otros muchos desconocidos y lo largo de nuestra costa nos juega en contra.

Querer entonces que nuestra policía marítima logre los mejores resultados en su lucha contra el narcotráfico y crimen organizado en un escenario de aumento del descontrol con flotas extranjeras no es un buen augurio y por lo mismo permitir que naves extranjeras circulen por cada lugar de nuestras costas es entregar una gran herramienta de proliferación, expansión y mejoras en la cadena logística de las drogas, aumentando directamente la responsabilidad portuaria y aduanera y requiriendo mayor apoyo y fiscalización de Carabineros de Chile y PDI. La seguridad marítima de Chile se vería totalmente vulnerada.

Concluyendo, volvemos a señalar, el proyecto del gobierno de modificaciones a la apertura del cabotaje, desde su prólogo hasta su conclusión es malo, es poco transparente, no garantiza lo que idealiza, no posee una mirada global y prospectiva, vulnera derechos fundamentales, daña y quebranta la seguridad marítima y potencia actividades ilegales en todo el territorio nacional.