Trabajo investigativo logra condena contra ciudadanos chinos por contrabando de más de 350 mil productos falsificados

· Labor coordinada entre las Aduanas de San Antonio y Metropolitana permitió detectar mercancías falsificadas de conocidas marcas, avaluadas en más de $150 millones, que eran ingresadas al país mediante una empresa fachada.

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13-03-2026.- Una investigación desarrollada de manera conjunta por el Servicio Nacional de Aduanas, la Policía de Investigaciones y el Ministerio Público permitió obtener una condena contra dos ciudadanos de nacionalidad china por delitos de contrabando, receptación aduanera e infracciones a las leyes de Propiedad Intelectual e Industrial.
El caso se originó a partir de antecedentes detectados por la Aduana Regional de San Antonio, que permitieron alertar sobre un cargamento sospechoso asociado a una operación de importación. Con estos antecedentes, el Ministerio Público instruyó diligencias de seguimiento que culminaron en mayo de 2025 con un procedimiento de fiscalización realizado por personal de la Brigada Investigadora de Delitos contra la Propiedad Intelectual (BRIDEPI) de la PDI, en coordinación con funcionarios del Servicio Nacional de Aduanas.
La revisión se efectuó en una bodega ubicada en la comuna de Cerrillos, donde se descargó un contenedor en el que se detectaron 132.575 productos falsificados, entre ellos carcasas de celulares, calcetines, cables USB, zapatillas deportivas, audífonos y gorros que imitaban marcas internacionales como Apple, Samsung, Marvel, Disney y Nike.
En el mismo procedimiento se constató que la carga presentaba distintas irregularidades aduaneras: mercancías no declaradas, productos de internación prohibida por vulnerar derechos de autor y otros bienes que habían sido declarados con valores inferiores a los reales.
Hallazgo de más mercancías en la bodega
La diligencia continuó con el ingreso autorizado al recinto donde operaban los imputados, instancia en que se encontraron 225.556 productos adicionales almacenados en pallets y cajas, vinculados a importaciones previas realizadas por la misma empresa.
Entre las especies incautadas había juguetes electrónicos, mochilas infantiles, relojes digitales, zapatillas, audífonos, consolas portátiles y accesorios tecnológicos con marcas como PlayStation, Nintendo, Pokémon y Hello Kitty, entre otras.
En total, el valor aduanero de la mercancía incautada se estimó en más de $150 millones.
Fiscalización en zona secundaria
Tras el procedimiento inicial, la Aduana Metropolitana instruyó una fiscalización en zona secundaria, es decir, en lugares del territorio nacional donde Aduanas mantiene facultades de control fuera de puertos, aeropuertos o pasos fronterizos.
En ese contexto se conformó una comisión fiscalizadora integrada por funcionarios especializados que realizaron la revisión, valoración de las mercancías y cálculo de los tributos asociados, antecedentes técnicos que fueron clave para sustentar la investigación y las medidas cautelares durante el proceso judicial.
El director regional de la Aduana de San Antonio, Ángelo Vergara, destacó que “este caso demuestra cómo el trabajo de análisis de riesgo y la coordinación entre distintas unidades del Servicio permite detectar operaciones de alto riesgo y activar oportunamente las acciones de fiscalización y persecución penal para proteger el comercio exterior y a los consumidores”.
Por su parte, el director regional de la Aduana Metropolitana, Rodrigo Díaz, subrayó que “la fiscalización realizada en zona secundaria fue clave para reconstruir la operación y cuantificar las mercancías involucradas. El trabajo técnico de nuestros equipos permitió aportar antecedentes determinantes para sustentar la investigación y finalmente obtener esta condena”.
Ambos directores coincidieron en que la investigación permitió desarticular una operación que utilizaba una empresa fachada para ingresar al país grandes volúmenes de mercancías falsificadas destinadas a su comercialización en el mercado nacional.
Condena por contrabando y delitos asociados
El caso concluyó mediante un procedimiento abreviado ante el Noveno Juzgado de Garantía de Santiago, instancia en la que ambos imputados fueron condenados como autores de los delitos de contrabando, receptación aduanera e infracciones a las leyes de Propiedad Intelectual e Industrial.
La sentencia estableció para cada uno 5 años de presidio menor en su grado máximo y el pago de una multa de $200 millones, además de las sanciones accesorias correspondientes.
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