
CAMPORT se refiere a convenios de inversión estatal en puertos
Mediante recientes declaraciones autoridades nacionales, regionales y directivos de empresas portuarias estatales han anunciado inversiones a través de convenios para ampliaciones de las instalaciones de la Empresa Portuaria de Antofagasta y de la Empresa Portuaria Austral (Punta Arenas) mediante aportes del Estado.
La ley 19.542, que moderniza el sector portuario estatal, prohíbe expresamente otorgar fondos públicos a las 10 empresas estatales creadas por este cuerpo legal, salvo que se den las mismas condiciones a inversionistas privados. En efecto, en su artículo 20º señala lo siguiente: “Las empresas, en caso alguno, podrán obtener créditos, subsidios, fianzas o garantías del Estado o de cualquiera de sus organismos, entidades o empresas, sino en los casos en que ello fuere posible para el sector privado y en iguales condiciones.
Asimismo, las empresas no podrán otorgar subsidios o subvenciones de ninguna naturaleza a las inversiones de terceros en los puertos y terminales de su competencia”. Los anuncios de inversiones y la aprobación de convenios no han estado precedidas de un procedimiento que otorgue la debida difusión a las inversiones estatales, ni han sido comunicadas -ni menos ofrecidas en iguales condiciones- al sector privado. Por lo mismo, se realizarán acciones tendientes a la investigación y determinación de la juridicidad de estas actuaciones.
Se han cumplido 37 años de aplicación exitosa de la ley, generándose en el período inversiones privadas en los puertos estatales de más de 2.000 millones de dólares en equipamiento, obras e instalaciones, quedando estas últimas en manos del Estado una vez concluidos los períodos de concesión. Es valorable el interés del Estado en mejorar la infraestructura portuaria y la búsqueda de soluciones a problemas que son manifiestos, y esta voluntad es digna de reconocimiento por parte de todos. Sin embargo, la forma de alcanzar los objetivos de eficiencia e inversión oportuna en el sistema portuario nacional existen y están consagrados en la ley.
Valparaíso, 14 de enero 2025
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